La falta de gobernabilidad que no permite a los peruanos ser auténticamente representados, que retrasa el proceso de descentralización y que -ante su falta de gestión y de decisión- evita y demora que se abran las puertas al desarrollo, de una manera más ágil y segura, para más familias y jóvenes.
Combatir a los corruptos que se aprovechan de sus cargos para beneficio personal, le cuesta al Perú más del 12% del presupuesto nacional. Este fenómeno se expande y perjudica a cada una de las regiones, y se traduce en miseria, subdesarrollo, con carreteras, puentes y caminos inconclusos o deficientes.
La falta de seguridad en las ciudades y barrios configura el reto más importante. El crimen y su violencia cada vez más brutal amenaza, asesina y roba la vida de miles de familias, manteniendo a nuestra sociedad aterrorizada. La extorsión y la delincuencia alcanzan a todos, desde grandes empresarios a pequeños emprendedores.
No tenemos una visión de innovación para el país, ni tenemos liderazgos o sistemas que promuevan y favorezcan la innovación, los emprendimientos y la diversificación productiva. Los emprendimientos y el trabajo digno son claves para un desarrollo económico sostenible como motor de movilidad social y de industrias pensadas desde la sostenibilidad. El acceso a medios de producción, innovación y comercio es restringido y no se encuentra alineado a un gran plan nacional.
La infraestructura en general se encuentra desfasada y no tiene lineamientos claros sobre desarrollo, sostenibilidad o gestión del riesgo. Con la utilización mínima de la tecnología y comunicación es imposible mejorarlas y reducir sus costos. Vemos elefantes blancos detenidos en el tiempo, que no han servido para mejorar nuestro camino al desarrollo.
El acceso desigual a servicios básicos no permite el desarrollo con dignidad de las familias, afectando las capacidades como ciudadanos de planificar un futuro. Sin una política social que permita educar a nuestra infancia para los desafíos del mañana y cuidar a nuestros ancianos, no tendremos progreso. Las instituciones públicas deben ser un vehículo de ecualización de la sociedad, para que las grandes mayorías puedan tener las condiciones para mejorar y tener una vida próspera.
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